“Van a salir los procesamientos a los 350 contribuyentes”, confió Casaretto al referirse al desfalco en la ATER
El titular de la Administración Tributaria de Entre Ríos, Marcelo Casaretto, anticipó que los cuatro empleados que participaron de la defraudación millonaria en el organismo serán exonerados y cesanteados próximamente, en función del dictamen del sumario de Fiscalía de Estado.
Al hacer un balance de su gestión frente a la ATER, recordó que: “Cuando asumí Entre Ríos recaudaba 1.300 millones de pesos y hoy está recaudando 8 mil millones de pesos, o sea que hemos multiplicado por cuatro la recaudación en la provincia”.
Se le consultó si para dar ese monto tuvo en cuenta la inflación de los últimos cuatro años, sobre esto explicó: “Por más que tomemos el índice de inflación oficial o el paralelo del Congreso de la Nación es un incremento de la recaudación de un doscientos por ciento por encima de la inflación, de alguna manera eso le da a la provincia que en 2012 tenía el 18 por ciento de ingresos por recursos propios, y hoy lo elevamos al 33 por ciento. Es la provincia que más creció en el concierto nacional y esto le sirve a un gobierno justicialista como el que proponemos como a uno opositor si la gente le da el voto, lo que le dará más independencia para manejarse, frente a lo que era antes, en la que se tenía una dependencia mayor de los recursos nacionales”.
Presión tributaria
En cuanto a las críticas de la oposición sobre la presión tributaria en estos últimos años, Casaretto respondió diciendo: “Eso tiene que ver con lo que los entrerrianos deciden, si quieren un Estado más presente, claramente se necesitan más recursos”. “Si uno quiere más educación –amplió–, más salud, más justicia claramente se necesitan más recursos para financiarlo, nuestra función es recaudar y no gastar. En nuestra área tenemos 70 empleados menos hoy en día y pese a tener menos empleados recaudamos cuatro veces más”.
Al preguntarle por el gasto del gobierno provincial en cuestiones que han llevado a serios cuestionamientos de la oposición, el funcionario opinó: “El Estado gasta e invierte en cosas que por ahí no le pueden gustar a algunos, pero nosotros como organismos hemos sido extremadamente eficientes, los empleados lo entendieron así y de siete funcionarios que tengo hay dos vacantes que nunca las completé a lo largo de los años, es decir que tengo 70 empleados menos porque se fueron jubilando, o fallecieron y dos funcionarios menos, pero recaudamos cuatro veces más que antes”.
–¿La ATER va a ser recordada por lo que sucedió con la defraudación tributaria en la que hablamos de un desfalco importante?
–Lo que sucedía era que había un esquema en la que participaban empleados de Rentas de antes con empresarios, en la que borraban impuestos falseando una supuesta compensación de deuda de créditos fiscales. Esta modalidad se venía haciendo a lo largo de los años, nosotros descubrimos ese fraude y lo denunciamos penalmente en tres periodos: el número uno que consideramos de 2012 al 2014, el número dos que es hacia atrás del 2012 al 2008, y el periodo tres que va desde el 2007 hasta el 2003. En síntesis la investigación abarcó desde el 2003 al 2014 que fue el periodo en que basamos la denuncia y se hizo un fraude por 65 millones de pesos a los entrerrianos, de eso 45 millones son a valores históricos más las multas y accesorios.
Entonces hicimos la denuncia penal, se están tomando las denuncias indagatorias a los empleados, a los estudios profesionales, a los contribuyentes y se está en una etapa final. Hablé hace algunos días con el Procurador provincias (Jorge Amilcar García) y me decía que va a salir un procesamiento masivo a los 350 contribuyentes. Algunos compensaban o borraban deuda de forma trucha por uno o dos millones de pesos y se va a pedir pena de prisión efectiva para los empleados, los profesionales y para los empresarios con los montos más importantes.
Esperemos que lo que nosotros denunciamos en la Justicia, a través de la Fiscalía y la Procuración General tenga la misma recepción de parte de los jueces en el momento de dictar sentencias.
En paralelo nosotros teníamos la cobranza de los impuestos, entonces del periodo uno recuperamos el ciento por ciento, que eran 17 millones de pesos y se lo cobramos a los contribuyentes que se habían beneficiado por este fraude, o sea que el Estado bobo que pierde planta, en este caso recuperó el dinero para las arcas de la provincia.
El tercer caso que es la causa administrativa va por un sumario y a lo largo de este año la Dirección de Sumarios dictaminó la Fiscalía de Estado y la Secretaría de Justicia, y ya me notificaron el dictamen que recomienda la exoneración de los cuatro empleados involucrados, y el miércoles voy a estar firmando la exoneración de los empleados. Nuevamente a toda aquella sospecha de quién está de tras o quién protege, les digo que yo claramente impulsé en el gobierno la investigación y la denuncia, tuvo el respaldo total del gobernador, y si habrán tenido algún amigo por el camino, ese amigo no fue tan influyente y la espada de la Justicia le está cayendo encima.
–¿No hubo margen para decir cuándo se descubrió esta defraudación, si se pudo haber empleado el mismo sistema para hacer otras situaciones que hubieran sucedido en forma paralela?
–Cuando uno asume en un organismo se pregunta si funciona adecuadamente y hay cosas para corregir. Nuestra función es recaudar, pero al mismo tiempo uno tiene que organizar, coordinar, controlar y cuando nos encontramos con la situación de una empresa que hace una compensación irregular, comenzamos a ver qué otras empresas operaron de otra manera y en qué otras actuaciones intervinieron los mismos empleados, es allí donde comenzamos a tirar del piolín y nos encontramos con esta operatoria que trascendía a un periodo de gobierno a un partido político y a una gestión, sino que era una estafa contra el Estado que se repetía en forma sistemática a lo largo del tiempo, de esa manera detectamos el fraude a nivel global.
Había un área de auditoría en lo que era Rentas y ahora creamos un departamento de auditoría interna bajo mi dependencia, en la que pusimos cinco profesionales de la misma ATER a reforzar todo el control interno para que no haya fraudes en otras áreas de la misma administradora, y el propio Tribunal de Cuentas que no había detectado este fraude creó una unidad especial que nos pide tres informes por día sobre distintos temas, todo esto hace que no haya otro fraude de esta magnitud.
Las embarcaciones que no tributaban
Casaretto recordó que desde la ATER se detectaron 3 mil embarcaciones en la provincia que no tributaban y durante su gestión comenzaron a pagar.
“Los propietarios de esas embarcaciones –dijo el funcionario– pagaban una tasa nacional en Prefectura y después habrán pagado impuestos a los bienes personales, pero no tributaban el impuesto sobre las embarcaciones de Entre Ríos y era un monto simbólicamente importante porque detectamos barcos de un millón de pesos que no pagaban nada, cuando hay persona que le cobramos la deuda al contribuyente que tiene un Fiat Duna o un Volkswagen Golf y esa auto valía entre 40 mil a 70 mil pesos y no le cobramos a uno que tenía un barco de un millón de pesos”.
Al ser consultado por los vehículos que no estaban patentados en Entre Ríos, el director de ATER recordó: “Detectamos 3500 vehículos, sobre todo en la zona norte de la provincia, en Chajarí, Federación, Feliciano, Federal y La Paz, recuperamos ese dinero para la provincia”.
En tanto se refirió a las actualizaciones catastrales de las propiedades y aseguró que este trabajo se hace en conjunto con “Catastro de la provincia y Catastro de los municipio para detectas las mejoras no declaradas, el municipio la detecta y se coordina con la base de datos de la provincia y así sumamos muchos metros de mejora”.
En esta línea dijo: “Aplicamos algunas cargas que hace a la Justicia y tiene que ver con las cargas impositivas a los terrenos baldíos. Nos encontramos que los municipios tenían planes de viviendas a través de diferentes programas, y no podían hacer sus casas en la zona urbana porque no había terrenos, pero sin embargo había terrenos baldíos por todos lados, pero sus propietarios no lo querían vender porque lo querían tener como reserva de valor.
Legalmente uno puede tener todos los terrenos que quiera, pero a nosotros como sociedad nos interesa que esos terrenos salgan a la venta para que la tierra se movilicen y le aplicamos un derecho diferencial del impuesto inmobiliario a los baldíos que lo penaliza fuertemente. Eso permitió que aquellos que tenían muchas tierras como reserva de valor y con fines especulativos la pusieran a la venta o construyeran por lo menos para alquilar o para vivir ellos”.
Al ser interrogado por cuánta inversión extranjera hubo en compra de tierra y si en parte esas adquisiciones fueron productos del lavado del dinero del narcotráfico, Casaretto aclaró que: “Está la ley de registro de tierras a nivel nacional, pero nosotros desde ATER no somos autoridad de aplicación, toda persona extranjera que compre tierras y sea extranjera debe pasar previamente por una autorización del Ministerio de Justicia de la Nación”.
Al finalizar se le consultó si se sigue sintiendo el más odiado del sector agropecuario, a lo que el funcionario respondió: “Siempre hay discusiones de estricta Justicia, por allí había pequeños productores agropecuarios que a veces generaban dificultades, pero en general los que más reclamaban eran aquellos que tenían mil a dos mil hectáreas de campo, entonces gente que tiene un patrimonio de 20 a 50 millones de pesos, eran los que más activamente reclamaban”.
“Si uno se fija los avalúos del impuesto inmobiliario rural –agregó– en 2014 bajó, porque ese impuesto sube o baja de acuerdo a como va cada uno de los sectores agropecuarios. Si el sector está en un periodo de auge con buenos precios y rindes el inmobiliario rural aumentará y si hay una situación de dificultad el impuesto baja, y aquellos que tuvieron problemas se les dio facilidades de pago y si hoy alguien debe puede ir mañana a regularizar la situación a tomar un plan de pago como corresponde. Puede haber sectores que están en dificultades que es el sector que el gobierno está atendiendo, pero no es derivado de los impuestos provinciales”.