Ocupaciones y loteos informales en la costa, su impacto urbano y ambiental negativo
Ante el avance de la ocupación de la costa oeste, el Colegio de Arquitectos regional reclama una urgente regulación y actualización de normas en Paraná
A propósito de las quemas en el Delta e islas del río Paraná, y las evaluaciones en torno a antinomias como producción y conservación de suelos, la Regional Oeste Noroeste (ONO) del Colegio de Arquitectos de Entre Ríos elaboró un informe acerca de estos territorios de “conflicto”. Desde hace tiempo se discute sobre si los humedales y áreas costeras deben preservarse prístinos o deben verse como recursos, o hasta tener un aprovechamiento o explotación en su justa medida.
Traído ello a la situación de Paraná, y en el marco de un lineamiento histórico que ha llevado adelante, la institución advirtió que “recursos naturales, ríos arroyos, lagunas, bañados, no poseen una normativa o regulaciones claras, que los comprenda como elementos del paisaje natural con todo lo que ello implica para su conservación, pero que a la vez sean reconocidos como parte integrante de la ciudad y diga cómo habitarlos adecuadamente”.
El trabajo realizado desde el Instituto de Estudios Territoriales de la Regional ONO plantea que “las recientes ocupaciones o ‘tomas’ de gran parte de las tierras de los bañados y lagunas del oeste de Paraná, seguramente para uso residencial, al tratarse de una subdivisión del suelo o lotes al parecer efectuado de un modo informal, hace necesario y urgente que se regulen, generen o actualicen normativas de escala local sobre estos territorios”. Se trata en este caso, del denominado distrito Área de la Costa por el Código Urbano.
Abarca unos 30 kilómetros de extensión del frente de la ciudad sobre el río, “pero sin una clara regulación basada en la realización de estudios particularizados para clasificar los diferentes tramos de acuerdo con sus particularidades, para el desarrollo de los distintos sectores que la componen y para la implantación de usos, en el marco del espíritu y objetivos de la norma que así lo establece, fijados en la Ordenanza N° 8.563.
“Actualmente desde la Regional nos estamos reuniendo y a partir de los trabajos del Instituto de Estudios Territoriales, acerca del predio lindante al Patito Sirirí y el reciente sobre humedales, es nuestra intención juntarnos con concejales y funcionarios para plantear estas problemáticas de la ciudad”, dijo la titular de la Regional ONO del Colegio de Arquitectos de Entre Río, Mariana Caramella.
Acerca del denominado distrito de Costa, uno de los estipulados dentro del Código Urbano bajo una normativa vigente desde 2006, el colegio solicita su revisión y trabajo permanente, teniendo en cuenta la amplitud y variedad de situaciones que se dan a lo largo de toda la costa. “En el caso del distrito de Costa, a diferencia de otra áreas urbanas de la ciudad, el Código Urbano establece que se debe evaluar cada situación, porque es diferente cada espacio, sea el Thompson, los anegadizos o Bajada Grande con terrenos privados”, explicó Caramella.
El Código Urbano es el marco normativa que establece una forma de construir, y fija en cada zona un uso permitido y un volumen edificable determinado.
“Es indispensable adoptar medidas que controlen el proceso de ocupación del suelo, aprovechando a pleno las instalaciones existentes, que reconozcan las bondades del soporte natural, de esa topografía rica en ondulaciones, cuencas hídricas y barrancas, que respeten y realcen las características del paisaje, recuperando la condición de privilegio de la localización frente al río, y fortalezcan la identidad de los distintos sectores, otorgando a la población residente diferentes opciones con la necesaria diversidad de géneros de vida”, remarca el estudio técnico, acorde a lo determinado en la Ordenanza N° 8.563 del Código Urbano.
Ante ello, la entidad sostiene que “los casos de loteos o subdivisión de tierras en territorios hídricos requieren nuestra principal atención, porque se trata básicamente de hacer ciudad donde no la hay y donde no estuvo pensado que la hubiera, o donde no sería posible construirla sin impactar negativamente el ambiente natural. La gestión de dicho territorio necesita de una evaluación objetiva de la ‘naturalidad” del paisaje”.
Y ante la presión urbana y que el debate se inclina hacia la ocupación de tales tierras y no a su preservación, el colegio planteó la necesidad de que esas áreas “tenga su correlación en normas de escala local como los códigos urbanos y ambientales, que enmarquen allí adecuadamente al paisaje natural con el uso que solicita; y por otro, que los proyectos contemplen la infraestructura, usos mixtos y espacios públicos necesarios para constituirse en parte de ciudad, equilibrando la densidad y ocupación de esos suelos según su capacidad de carga”.
Estos escenarios y debates hacen indispensables la participación ciudadana. “Desde el Colegio de Arquitectos se viene haciendo desde hace varios años las Jornadas de la Ciudad; el año pasado abordamos Hacia una ciudad planificada, con la participación de muchos actores sociales como la Asamblea Ciudadana, universidades, agrupaciones ambientalistas, y profesionales que pasaron por la gestión pública.
La ciudad exige un repensar continuo con la idea de ciudad que queremos, hacia donde va en los próximos 30 años, cómo va a crecer y hacia dónde; y los espacios verdes en ello es fundamental. No solo el crecimiento tiene que ver con edificios y viviendas, sino buscar el bienestar del espacio común, de los espacios verdes y los parques”, graficó Caramella respecto del foro de intercambio que permite delinear estrategias urbanas de acción pública.