Reabren causa y complican al fiscal Uriburu
Se trata de una escandalosa causa denunciada por una abogada del foro. La trama que se narró en sede policial, de confirmarse, es un verdadero escándalo. En los tribunales de Paraná revocaron un fallo y pidieron que abra la prueba. El caso tuvo impacto en la política.
La Cámara Segunda de Apelaciones Civil y Comercial de Paraná, con la firma de Valentina Ramírez Amable y Alejandro Galanti, decidió revocar el fallo por el cual se archivó una escandalosa causa en la que se había denunciado al fiscal interino de Nogoyá, Federico Uriburu, por acciones violentas contra una mujer.
Los bochornosos sucesos no fueron suficientes para los operadores judiciales de la jurisdicción Nogoyá que decidieron archivar la denuncia que la abogada María Florencia Alberto hizo primero en sede policial y luego en los tribunales.
La letrada fue víctima de coerción y aprietes por parte del funcionario judicial que, luego, desembocaron en una clara acción que se puede encuadrar en violencia de género. Pero no fue la única víctima en toda esta historia, sino también lo fue su pareja, Martín Quinodoz, que se vio en el medio de un intento de persecución en su ámbito laboral cuando el fiscal Uriburu se contactó con la jefa de éste, la jueza de Paz de Lucas Gonzáles Marianela Álvarez, para exigirle una especie de sanción a su empleado.
Jactándose de su lugar de funcionario judicial, le pidió al dueño del bar en el que la abogada fue violentada para que invente que la pareja tenía la entrada prohibida, petición que fue rechazada por Jonathan Mignola. A esas maniobras coercitivas se le suma una denuncia policial sin carátula contra Quinodoz que, según la denunciante, no es otra cosa que un apriete más. Aquí toda la trama que compromete al fiscal.
Lo cierto es que la Cámara Segunda de Apelaciones Civil y Comercial de Paraná sostuvo en su fallo que “así las cosas, el archivo de la causa -como si la medida hubiese agotado definitivamente sus efectos- luce en este caso prematura” y “por lo que antes de su archivo, deberá continuar el trámite, escuchando previamente a la denunciante, y ofreciéndole la posibilidad de ofrecer algunas pruebas (en el marco razonable de esta medida que no es un juicio pleno) para luego decidir si no es necesario renovar la medida o disponer otra, o ratificar el archivo. Todo ello se deberá concretar con la rapidez y urgencia que la medida reclama, y en el marco acotado del trámite”. El representante de la víctima es Carlos Lafferriere.
Una puerta
Una serie de excusaciones hicieron que la causa recayera en un conjuez. Quien se hizo cargo de la misma y la desestimó fue Maximiliano Navarro, ex asesor de José Ángel Allende cuando éste presidía la Cámara de Diputados.
El juez de Garantías, Gustavo Acosta, había anoticiado de la denuncia al Colegio de Abogados de Nogoyá, presidido por Mariano Navarro, hermano de Maximiliano. También hubo oídos sordos en la entidad sobre la película de terror que padece la abogada. Quién sí se interesó fue el titular de la entidad a nivel provincial, Alejandro Canevesio, al ponerse en conocimiento de la causa, según informó la agencia APF.
Los apellidos Uriburu y Navarro (Mariano) volvieron a aparecer en un pasaje de una crónica sobre la marcha del lunes pasado. No fue la víctima quien los mencionó, sino una ciudadana que se encontraba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y aprovechó las cámaras de televisión para cuestionarlos. Con cartel de salutación incluido.
Desconfianza institucional
Por estas horas, en la Cámara de Diputados ingresará un proyecto de resolución con la firma de Gustavo Cusinato en el que le solicita al cuerpo que le transmita al Ministerio Público Fiscal la preocupación que generó el caso y que el procurador general Jorge Amilcar Luciano García disponga medidas tendientes a resolver “la desconfianza institucional” que existe sobre Uriburu.
En los fundamentos de la iniciativa presentada se hace hincapié en algo que se conoce en Nogoyá: la alianza que el fiscal tiene con sectores de la prensa, aprovechándose de periodistas incluso para resolverle cuestiones personales. Algo de eso se susurra en el video publicado más arriba.
Narró Cusinato que Uriburu ha sido impulsor de “allanamientos de domicilios y locales comerciales con una exposición mediática y espectacularidad excesivos o investigaciones de dudosa procedencia”.
En Nogoyá, hace unos meses, montó un show mediático en un allanamiento en el domicilio de una empleada municipal que estaba siendo investigada. Luego de una jornada de publicidad del procedimiento sólo comparable con el Lava Jato, al otro día se encontró su cuerpo colgado de un árbol. El fiscal coordinador, Gamal Taleb, decidió correrlo de la causa.
Su nombre se conoció en Paraná a raíz de su inmediatez en los allanamientos en el Convento de Carmelitas Descalzas de Nogoyá.
La responsabilidad de Uriburu corre por cuenta de García, ya que el fiscal tiene nula posibilidad de titularizar su cargo por haber quedado muy lejos de la terna en el concurso del Consejo de la Magistratura.