Cónclave del PJ en Concordia
El pedido de Juicio Político a integrantes del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia Entre Ríos agitó las estancadas aguas del peronismo.
Despertando de un letargo inducido por el funcionariado de una década, el Partido Justicialista se hizo eco de las denuncias que aportan fuertes indicios de corrupción en el máximo tribunal de la provincia.
Fiel a su accionar histórico el peronismo local dió el puntapié inicial para tomar conocimiento y abrir el debate en dicho asunto de extrema gravedad institucional.
Fué el Consejo Departamental de Concordia el primero en invitar a los promotores del pedido de Juicio Político a exponer, ante el presidente del PJ local Juan Carlos “Calucho” Cresto, la mayoría de consejeros locales y una numerosa concurrencia; los motivos, sus formas y fondo del pedido realizado en la Cámara de Diputados y sus consecuentes planteos judiciales y apelaciones que están en curso.
Cinco de los siete firmantes de esta inusitada arremetida contra la cabeza del Poder Judicial concurrieron a la invitación informativa, Augusto Alasino (Concordia), Héctor María Maya (Gualeguaychú, Daniel Rossi (Santa Elena), Aníbal Vergara y Sergio Paz (Paraná) y las ausencias de Hugo Berthet (San Salvador) y Carlos Reggiardo (Paraná)
El detonante de las sospechas fue un juicio por alimentos que se tramita en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 25 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contra Carlos Alberto Chiara Díaz (vocal del STJ de Entre Ríos), Expte 87973/2015 al negarse, el denunciado, a garantizar alimentos a su hijo extramatrimonial que tuvo con su amante de 38 años, ex alumna de una maestría que Chiara Díaz dictaba hace un tiempo en la Universidad de Belgrano.
La gravedad de los hechos que le imputan al integrante del máximo órgano -que debiera administrar e impartir justicia- lo hacen más repudiables por el contexto de avaricia del magistrado que según informó Héctor “Mayita” Maya- “percibiría un sueldo (con adicionales amañados) de cuatro o cinco veces mayor que el de un gobernador, rondando los $ 300.000 mensuales”, y subrayó “es la única provincia donde jueces reciben sueldos en sobres secretos y discrecionales merced a un decreto que le arrancaron al ex gobernador Urribarri en el año 2013”.
El ex gobernador “Dany” Rossi agradeció a Cresto “por la iniciativa de la invitación que les permite dar la información directa de los actores al pueblo; acción que debería repetirse en todos los departamentos de la provincia”, y señaló que habría “una complicidad de altos funcionarios judiciales para la sistemática intimidación y persecusión a políticos del peronismo”.
Fue el Senador Nacional (de mandato cumplido), Augusto Alasino quien recordó que esta gesta del justicialismo local “reafirma su historial de que sigue siendo Concordia la capital del peronismo entrerriano, por ser la primera en dar el paso al debate político en momentos donde todos los consejos departamentales están cerrados desde hace años, incluso el de Paraná”.
El “Choclo” Alasino fue la voz de los exponentes para dar precisiones técnicas judiciales y políticas que establece la Constitución de Entre Ríos con las reformas que impuso la Convención Constituyente del año 2008. Adelantó que las instancias judiciales seguramente llegarían hasta la Corte Suprema de Justicia la Nación por cuanto advertía que en la provincia habría “un abroquelamiento de autoprotección entre jueces y el jefe de fiscales para desestimar sistemáticamente cualquier planteo que afecte a alguno de los máximos integrantes de la cofradía de magistrados.”
También señaló que “éstas maniobras coercitivas del Poder Judicial sobre el Legislativo exceden a una administración por cuanto desde la recuperación de la democracia (como si también en épocas exteriores) los poderes ejecutivos designaron jueces adictos como mecanismo, no sólo de sometimiento hacia los adversarios, sino de garantizarse impunidad en el tiempo”.