Organismos de derechos humanos denuncian las pésimas condiciones de una alcaidía en Paraná
Mariana Fumaneri, integrante de “La Solapa” Asociación de Ex Presos y Presas Políticas de la Provincia de Entre Ríos, contó que en una inspección que se realizó en la alcaidía de calle Ameghino 383, del barrio San Agustín, en Paraná, arrojó como resultado la observación de malas condiciones de higiene y seguridad hacia los detenidos.
En diálogo con radio “Costa Paraná” afirmó que la inspección, junto a otros organismos y militantes de derechos humanos, se realizó el 10 de diciembre y que el 23 se hizo un informe y se pidió a las autoridades provinciales que atiendan la situación. “Es un lugar que no es para estar ni un día, por las condiciones sanitarias horribles, horrendas. Los baños están tapados, son letrinas, no hay canillas para la higiene. Es un lugar viejo, que más o menos lo han armado en función de las necesidades, que no reúne ningún tipo de requisito para recibir a un ser humano”, observó.
Fumaneri contó que participó de la inspección que se realizó el pasado 10 de diciembre y lamentó que no se cumpla con las exigencias mínimas de tratamiento a las personas privadas de su libertad. Ante una pregunta referida a conocer cómo se decidió inspeccionar ese lugar, dijo que fue “porque sabíamos que las condiciones eran bastante malas”.
El informe y pedido de solución se dirigió al Ministerio de Gobierno, la Defensoría General y la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia.
En la entrevista con la radio pública de la ciudad, la militante de derechos humanos consideró que “la pandemia agudiza y visibiliza esta situación. Lo que nosotros pretendemos es buscar una solución”, agregó.
“Me asusta esta deshumanización -agregó-, y hay que ocuparse porque no se trata de castigar por castigar. Se genera mucha violencia por el estado de situación, y no hay que esconder esa situación”.
Cuando se le preguntó si hubo respuesta institucional al reclamo, la entrevistada dijo que “recién se entregó el 23 de diciembre” la nota, pero que “pensamos que es cuestión de tiempo porque siempre hemos tenido respuesta de la ministra de Gobierno”, Rosario Romero.
Fumaneri indicó que las personas que se encuentran alojadas en el lugar son detenidas a disposición de la Justicia. Al ser consultada sobre la prolongación de las detenciones, sostuvo que los jueces de ejecución de pena dicen que se limita a 48 horas, pero que han conocido casos de más de 40 días de detención.
La inspección se realizó el 10 de diciembre en el marco de la mesa de trabajo sobre la problemática de violencia institucional que integran el Ministerio Público de la Defensa de la Provincia de Entre Ríos y los organismos de Derechos Humanos de Paraná, nucleados en la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (Rodher). Participaron integrantes de «La Solapa» Asociación de Ex Presos y Presas Políticas de la Provincia de Entre Ríos; Hijos-Regional Paraná; Liga Argentina por los Derechos del Hombre; la defensora pública Emiliana Cozzi y los jueces de garantías Marina Barbagelata y Juan Hipólito Carlín.