Elvio Garzón valoró la experiencia que dejaron los tres juicios por jurados desarrollados hasta el momento en Entre Ríos
La Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC) sostuvo que la ley de Juicio por Jurados de Entre Ríos es un modelo constitucional para Argentina y América Latina.
A partir de esa expresión, el coordinador general de Juicio por Jurados y juez de Garantías, Elvio Garzón, indicó que el respaldo se suma al que ya expresara la Asociación de Pensamiento Penal, la Asociación Argentina de Juicio por Jurados y el Inecip, que desde un principio, allá por 2019, cuando se sancionó la ley de Juicios por Jurados, manifestaron que la de Entre Ríos es una de las mejores leyes de Latinoamérica porque tomaba lo mejor de todas y dejaba de lado algunas cuestiones que podrían haber suscitado alguna controversia”.
En diálogo con radio “Costa Paraná” también habló de la necesidad de una reforma judicial que otorgue más poder a los jueces de garantías, para “equiparar armas con los fiscales”.
Habiéndose realizado tres juicios mediante el sistema de jurados, se le requirió a Garzón cuál es el análisis que hace de lo experimentado en ese sentido. “El análisis es sumamente positivo; muy favorable”, respondió. “Los jurados -continuó- toman con mucha responsabilidad la tarea de administrar justicia penal, que es uno de los más actos de gobierno que existe. En los tres casos, por ejemplo, han sido puntuales al momento de comenzar y se han comportado de una manera digna de destacar”.
La charla radial transitó también por la actitud con la que los seleccionados viven la experiencia de ser convocados. “Muchos se sienten incómodos al inicio, pero luego se retiran muy satisfechos y a veces emocionado de haber participado en la administración de justicia”, aseguró el magistrado.
Comentó que “la ley brinda varios medios de protección a los jurados. La primera protección -explicó- son las instrucciones iniciales que el juez le da a las 16 personas seleccionadas. Luego de prestarles juramento el juez, una de las cosas que les dice es qué no tienen que hacer. Y una de las cosas que no tiene que hacer es decir que van a intervenir como jurado en una causa”.
Al respecto, Garzón indicó que el Poder Judicial firmó convenios con el Inecip (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales) y con una universidad de Estados Unidos, “que son las encargadas de monitorear los juicios por jurados que se desarrollan en la República Argentina”.
“Una de las experiencias que se basan en estadísticas, es que a la gente que han sido seleccionadas le preguntan qué piensan de la justicia, y luego del juicio le vuelven a preguntar y esa visión ha cambiado. Eso ocurre -continuó Garzón- porque esas personas se han puesto en el lugar de los jueces técnicos tenemos cuando nos toca resolver en otros debates o juicio, y han visto cómo se analizan las pruebas, en base a las instrucciones que le da el juez. Y descubren que muchas veces no es como se manifiestan las cosas en la prensa o en los alegatos de los fiscales. El juez explica muy bien qué es lo que tienen que merituar, y eso y otras cuestiones la gente va cambiando la visión que tiene de la Justicia penal”.
Se le pidió una opinión sobre el pronunciamiento que tuvieron el Consejo de Fiscales y la procuradora adjunta, respecto de la posición favorable para que los delitos de género queden fuera del sistema del juicio por jurados. El juez entrevistado se excusó de opinar debido a que eventualmente, argumentó, puede llegar a ser juez en un juicio por jurados.
Finalmente se le consultó su postura respecto a la posibilidad de una reforma judicial a nivel nacional, y si se podría evaluar una reforma en el Poder Judicial provincial. Al respecto sostuvo que “en el fuero penal hay que hacer una reforma: hay que darle más poder a los jueces de garantía, empoderarlos y equiparar, porque la igualdad de armas no siempre es así. Entiendo que por ahí pasarían las leyes de la reforma del Código Procesal Penal de la provincia. Hay que enfocar por ese lado y sacarle ese inmenso poder que hoy por hoy tiene el Ministerio Público Fiscal, y los jueces de Garantía puedan ejercer mayor control”.