
El 12 % de los femicidios ocurridos en lo que va del año fueron cometidos por policías
La coordinadora del observatorio de MuMaLá (Mujeres de la Matria Latinoamericana), Silvia Ferreyra, dijo que “en lo que va del año, al 31 de enero, el 12 por ciento de los femicidios fueron cometidos por miembros de fuerzas de seguridad, en actividad o retirados”. En diálogo con radio “Costa Paraná”, afirmó que “aparentemente hay un protocolo en las fuerzas de seguridad de la provincia para instrumentar al momento de detectarse caso de violencia machistas en agentes de esa institución, y nos parece que corresponde que se instrumenten, se sanciones a quienes ejerzan la violencia o encubran, y también los casos de violencia institucional que vivieron los familiares, los amigos y personas cercanas a quienes piden justicia”. Pidió justicia tanto por el femicidio del que fue víctima Úrsula Bahillo, como por la violencia institucional contra familiares y amigas de la joven asesinada.
Ferreyra habló horas antes de la convocatoria a una manifestación “para hacer visible las responsabilidades políticas en muchos casos”, como el femicidio que tiene como víctima a Úrsula Bahillo, asesinada por el oficial de policía Matías Ezequiel Martínez.
En la entrevista confirmó que Úrsula “había 18 denuncias previas por parte de ella y de su familia, pero que habían sido desoídas por el juez de paz, a quien tuvimos oportunidad de escuchar en su testimonio. También tuvimos oportunidad de escuchar el testimonio del fiscal a cargo -continuó-, que en definitiva había librado un llamado para que se pueda dar curso al juicio oral y seguir en la investigación de Úrsula y Belén, que había tenido relación previa con el homicida”, sostuvo.
“Necesitamos instituciones que sean responsables de las tareas que le competen”, agregó, tras lo cual indicó que presentaron en 2019 un proyecto de ley denominada “Emergencia ni una menos”. En ese punto indicó que ese proyecto son 14 medidas que deberían instrumentarse por parte del Estado para prevenir los femicidios.
“La mayoría de las disposiciones que están planteadas en ese proyecto ya están en otras leyes, como la Ley de Prevención y asistencia a las víctima de violencia de género, está la Ley Micaela, está la Ley de Educación Sexual Integral, pero necesitamos que el Estado, en sus tres poderes, puedan efectivamente instrumentarlas. Necesitamos recursos materiales, económicos y humanos para que la asistencia a las víctimas de violencia sea efectiva”, sostuvo y agregó que “en cada localidad tiene que haber un abogado o una abogada que brinde asesoramiento gratuito a quienes atraviesan estas situaciones, y tiene que haber asistencia de psicólogas y trabajadoras sociales porque no es fácil ir a una comisaría y hacer una denuncia contra el agresor con quien uno convive”.
En ese punto puntualizó que el 70 por ciento de las víctimas de femicidios han sido asesinadas en sus hogares o en hogares que compartían con los agresores, y el 60 por ciento de las víctimas han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas.
Habló sobre la necesidad de que las fuerzas policiales den rápido cursos de las denuncias a los fiscales, y que éstos dispongan inmediatamente las medidas de protección. Es decir que las instituciones estatales actúen con perspectiva de género.
Habló del cuestionamiento que ha merecido la Policía de la Provincia de Buenos Aires “por la impunidad, la violencia en que se ha estado manejando y sobre todo en el periodo de cuarentena y en el marco de las dificultades que hubo para poder garantizar transparencia en la investigación a funcionarios de esas fuerzas de seguridad”. La entrevistada pidió que se haga justicia por el femicidio y también por la violencia institucional, “porque se vio cómo desde la propia comisaría se disparaba en el rostro a una de las amigas de Úrsula”.
Este martes una nueva víctima de femicidio le puso rostro al reclamo de Ni Una Menos: Ursula Bahillo, de 18 años, fue asesinada el lunes por la noche a 13 kilómetros de la localidad de Rojas, en la provincia de Buenos Aires, donde vivía con sus padres. La joven había denunciado al femicida por violencia de género ante la Comisaría de la Mujer. El agresor, Matías Ezequiel Martínez, un oficial de la policía bonaerense, había sido su pareja y tenía una orden de restricción de acercamiento.