Gaillard en el Primer Congreso Internacional sobre Cannabis y Desarrollo Productivo: “Tenemos que garantizar como Estado que sean posibles las distintas formas de acceso”
La Diputada y Precandidata del Frente de Todos Carolina Gaillard, actual presidenta de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación, una de las impulsoras del Proyecto de Ley sobre el Marco Regulatorio de la cadena producción, industrialización y comercialización de la planta de cannabis y sus productos derivados para uso industrial y/o medicinal, participó del Primer Congreso Internacional sobre Cannabis y Desarrollo Productivo, en el que expusieron especialistas nacionales e internacionales, invitada por el Ministro Matias Kulfas. Encabezaron además el panel de Avances Legislativos: Mara Brawer, Anabel Fernández Sagasti y Alfredo Luenzo.
Gaillard historizó el recorrido legislativo y los avances logrados desde aquel 2016, cuando con Diana Conti recibieron por primera vez a las madres cultivadoras que pedían “no ser criminalizadas por plantar cannabis para utilizarlo en el tratamiento de salud de sus hijos”. La mirada que prevalecía entonces sobre el tema “tenía la perspectiva de la seguridad y del control social y punitivo, porque la legislación considera al cannabis como estupefaciente. No había una mirada desde la salud”.
Cuando se sancionó la ley 27.350, de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados, durante el 2017, las mayorías en el Congreso estaban aliadas a la Alianza oficialista PRO y la ley “que se logró” fue limitada, tanto en la posibilidad real de investigación que enunciaba y, como a la de acceder a la sustancia. “No hubo una decisión política para avanzar en la regulación del cannabis, más bien hubo una decisión restrictiva de obstaculizar cualquier regulación, porque había una política muy fuerte de ´guerra en contra de las no drogas´, un modelo que ya fracasó en todo el mundo” recordó Gaillard.
No obstante, la diputada enfatizó las modificaciones que sí fueron logradas “y muy peleadas” por la oposición -que entonces integraba-, que sirvieron para generar un nuevo escenario legal con nuevas herramientas para seguir disputando las falencias de la ley sancionada, que se limitaba a enunciar un programa de investigación, pero sin herramientas para ser implementado. La reglamentación a esta ley, no mejoró el panorama, incumpliendo los acuerdos políticos, el ejecutivo limitó aún más los usos de cannabis a determinadas condiciones médicas, reduciendo su uso “sólo para la epilepsia refractaria”. Tampoco “previó el tema del autocultivo”, que era la forma de sacar de la clandestinidad a usuarios y usuarias medicinales para quienes el autocultivo y el cultivo solidario, eran la única forma de acceder a sus tratamientos.
Con la llegada al gobierno del presidente Alberto Fernández, relató Gaillard: “le acercamos una propuesta de modificación de esa reglamentación”, que fue trabajada con el Ministerio de Salud y todos los sectores involucrados, incluida la Red de Cannabis Medicinal del CONICET (RACME) -que durante ese tiempo se había consolidado- y con las organizaciones de la sociedad civil. Este trabajo dio por resultado el decreto 833/2020, que introduce avances significativos.
Este decreto está inspirado en “una mirada amplia, con una perspectiva de salud y mejorando sustancialmente” el acceso a la sustancia y la situación de los cultivos, avanza en evitar “la criminalización de quienes cultivan con fines medicinales”. Además amplía las condiciones de salud que pueden dando lugar a su uso para “las demás patologías, dejando de lado la restricción para la utilización solamente, en la epilepsia refractaria”, que contenía el decreto anterior.
Otro factores importantes son la multiplicación de las vías de acceso a la sustancia, la capacitación y la eliminación de barreras para la provisión de la planta a quienes deben investigarla, en efecto, “se establece que las farmacias podrán hacer formulaciones magistrales, se garantiza la capacitación de los profesionales de la salud, y se autoriza al INTA y al CONICET al cultivo de cannabis con fines de investigación”, además de priorizar la producción regional y a través de laboratorios públicos, lo cual mejoró las bases para proyectar el desarrollo productivo de cannabis para la salud.
Gaillard, autora de un proyecto integral de Regulación de Cannabis para la Salud (5658-D-2020), que aborda el acceso a la sustancia y los aspectos productivos y penales; aseguró la necesidad de avanzar con el proyecto del Poder Ejecutivo, y afirmó que “hasta que no sancionemos el nuevo Marco Legal para el Desarrollo Productivo, el cultivo de manera privada, la comercialización, la producción de cualquier producto de cannabis medicinal o de cáñamo industrial, no está permitido. Entonces no es posible contar con una industria que desarrolle productos seguros y de calidad”.
Destacó que “este proyecto de ley que impulsa el Ministro Kulfas viene a completar lo que la Ley 27.350 no previó, que es un ente regulatorio que conceda autorizaciones para cultivar, producir, comercializar y exportar, para garantizar como Estado que sean posibles las distintas formas de acceso, así como el desarrollo de una industria que genere trabajo y agregue valor. En esa industria la economía social debe tener un rol central, para que los cultivadores y pequeños emprendedores sean parte de ese desarrollo, garantizando productos seguros, calidad y con costos accesibles. Debemos garantizar el acceso para garantizar el derecho a la salud y el estado debe regular para correr cualquier traba o restricción que impida el cumplimiento de ese derecho”.
Para fortalecer el proceso de evolución legislativa respecto de la planta de cannabis, la presidenta de la Comisión de legislación penal afirmó que “es fundamental además sacarla de la lista de estupefacientes, porque mientras se mantenga allí, va a haber un montón de restricciones y trabas para el acceso”. Asimismo, consideró prioritario “que los cultivadores estén en el sistema o en el marco legal, que sean parte central y el corazón del desarrollo productivo en nuestro país. Esto va a generar mucho trabajo”, y la importancia que da el proyecto a los pequeños y medianos emprendedores y las economías populares.
El Proyecto de Ley sobre el marco regulatorio de cannabis, impulsado por el Poder Ejecutivo, ya posee media sanción del Senado, y se tratará en la Cámara de Diputados en las próximas semanas. Gaillard puntualizó que el paisaje legislativo quedará completo cuando se completen los avances en tres ejes: salud, producción y despenalización: “tenemos la Ley 27.350 que garantiza el derecho a la salud. El Marco para el Desarrollo Productivo que va a garantizar productos seguros y de calidad y también el acceso” y en el futuro “necesitamos despenalizar la planta de cannabis para que el Estado esté presente, para acompañar y no para criminalizar y castigar”.