Desalojo de la plaza: se analizó la situación de las personas que viven en la calle, mientras se espera la respuesta al pedido de audiencia con el Intendente
Integrantes de la Red por los Derechos de las Personas en Situación de Calle se reunieron este martes en la sede de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná, tras la situación generada a partir del operativo de desalojo en la Plaza 1° de Mayo encarado por el Municipio el jueves pasado, y mientras se espera una respuesta al pedido de audiencia, en carácter de urgencia, presentado el viernes al intendente Adán Bahl.
Luego de los graves sucesos ocurridos en la noche del jueves, cuando personal de la dirección municipal de Control Urbano, junto a efectivos policiales, expulsó del espacio público a unas treinta personas en situación de calle, la Red elevó al día siguiente una nota dirigida al Intendente en la que solicitó una reunión, al tiempo que expresó su “su honda preocupación y rechazo” por lo sucedido e instó a que cesen de inmediato ese tipo de acciones.
Durante el encuentro de este martes, miembros de la Red analizaron con profunda preocupación los alcances y consecuencias de las medidas aplicadas por el Municipio, así como también la vigencia hasta la actualidad de la prohibición de la permanencia de personas en situación de calle en plazas de la ciudad.
En medio de ese panorama y de la creciente existencia de personas que permanecen en la calle y otras que si bien tienen un lugar para vivir, recurren a los alimentos que se brindan en las “recorridas nocturnas”, se evaluaron posibles pasos a seguir. Todo ello, considerando como premisa la vigencia –y la necesidad de su cumplimiento- de la ley nacional 27.654, sobre Situación de calle y familias sin techo, sancionada en diciembre de 2021, y de la ordenanza municipal 8932, de 2010, que crea el Programa de Asistencia Integral para Personas en Situación de Calle en Paraná.
Seguidamente, se ratificó la posición de la Red respecto a la necesidad de que se atienda la problemática de manera integral y con políticas de Estado, que se amplíen los dispositivos de contención y que además de alimento, se contemple la atención en materia de salud y acompañamiento pisco-social, entre otros aspectos.
Por último, se remarcó la responsabilidad ineludible del Estado en la temática y en el resguardo de los derechos humanos de las personas.
La Red está integrada desde 2019 por una veintena de instituciones y organizaciones de la ciudad, que vienen trabajando de manera permanente en la problemática.
En la reunión de hoy participaron representantes de: Red Puentes, Suma de Voluntades, Grupo Un Cielo Nuevo de la Parroquia Nuestra Señora de la Piedad, Facultad de Trabajo Social (UNER), Facultad Teresa de Ávila (UCA), Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata, Cáritas Arquidiocesana Paraná, Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (UADER) y Hogar de Cristo Paraná.
Por la Defensoría del Pueblo de Paraná, estuvieron las Defensoras Marcia López y Cecilia Pautaso (Adjunta), junto a la Coordinadora del Centro de Mediación de la institución, Irina Chausovsky.