Allanaron vivienda en busca del padre del funcionario Rodríguez Allende
La Justicia reactivó una investigación por crímenes de la dictadura y ayer la Policía Federal allanó la vivienda del exmilitar Marcos Francisco Rodríguez.
El operativo sorprendió a los vecinos en la zona de quintas del acceso norte, en calle Fray Bartolomé de las Casas, donde los vecinos conocen más al hijo de la persona a quien buscaban los efectivos: el abogado y funcionario provincial Marcos Rodríguez Allende, interventor del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE).
La orden de detención había sido dictada por el juez federal Juan Carlos Vallejo, subrogante en Formosa, que lleva adelante una causa por crímenes de la dictadura en esa provincia. Policías federales allanaron la casa-quinta en horas de la tarde, pero la vivienda estaba deshabitada. Una hija del exmilitar se presentó en el lugar, franqueó la entrada y se constató que nadie vivía allí.
No obstante, la orden de detención sigue vigente y es probable que el magistrado que interviene en la causa irradie las comunicaciones a las fuerzas de seguridad nacionales para la localización y arresto del exmilitar. Trascendió, extraoficialmente, que Rodríguez estaría residiendo en Punta del Este, Uruguay.
El capitán retirado Marcos Rodríguez vive en Paraná, pero enfrenta una acusación por crímenes de la dictadura que habría cometido durante su paso por el Regimiento de Formosa. Entre 1975 y 1978 fue jefe de la Sección Intendencia, es decir, integraba la plana mayor, y tenía a su cargo las finanzas de la unidad militar por la que pasaron más de un centenar de presos políticos. De hecho, su oficina estaba al lado de la sala de torturas, según consta en el expediente judicial.
Rodríguez está acusado de “privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados, asociación ilícita y desaparición forzada de personas”. Si bien en el año 2006 pasó unos días detenido en Formosa, luego se le dictó una falta de mérito.
Rodríguez integraba la plana mayor del Regimiento de Infantería de Monte de Formosa durante la última dictadura cívico-militar y fue ministro de Economía de la provincia en los dos meses posteriores al golpe del 24 de marzo. Su detención había sido solicitada por el abogado Pedro Velázquez Ibarra, expreso político, por su propio derecho y en representación de familiares de personas desaparecidas.
Ya el año pasado se habían librado exhortos al Juzgado Federal de Paraná para realizar distintas medidas relativas a la búsqueda de Rodríguez, pero sin resultados.
Velázquez Ibarra explicó que “la estructura represiva, en el regimiento, tenía distintas secciones: Personal, Inteligencia, Operaciones, Logística, Finanzas y Sanidad. El rol de Marcos Rodríguez era esencial, porque era quien manejaba los fondos y conocía todos los movimientos de la unidad militar”.
Velázquez Ibarra contó además que “Rodríguez cumplía funciones todos los días en el edificio del regimiento y tenía su despacho literalmente ‘pegado’ a la sala de torturas de hombres y mujeres, al lado de los lugares de detención y cerca de un cuarto destinado a depositar bienes perecientes a las personas privadas de la libertad”.
Asimismo, recordó que “ya en su declaración indagatoria Rodríguez había confesado que el funcionamiento de la Sección Finanzas, de la cual estaba a cargo, estaba basado en la administración de los fondos de toda la unidad, en todo lo referente a los haberes de los agentes, viáticos, pasajes, racionamiento del personal, compras y el abastecimiento de todo aquello que solicitaren”.
Un expreso político también lo mencionó como partícipe de las sesiones de tortura. Ismael Rojas, detenido el 6 de agosto de 1976, contó que primero estuvo en una dependencia policial formoseña, pero a las 24 horas fue trasladado al regimiento. “Allí me desnudaron, me vendaron y me despojaron de mis pertenencias”, contó en sede judicial. “Durante las sesiones de tortura en el regimiento militar, con picana eléctrica y golpes, me hicieron firmar varios papeles, cuyo contenido yo desconocía, pero que fueron usados en mi contra en el consejo de guerra”, relató Rojas.
La acusación
Marcos Rodríguez está acusado de prestar una colaboración esencial para la comisión de delitos de lesa humanidad desde su rol de jefe de Sección Intendencia del regimiento. El escrito de acusación detalla: “Si tenemos presente que en los secuestros y detenciones, actos de rapiña, operaciones en el interior y fuera de la provincia, traslados, etcétera, eran utilizados tanto vehículos militares como otros (camionetas y autos) no identificados en gran cantidad y con mucho personal, es por demás evidente que fue el capitán Marcos Rodríguez quien proporcionó los recursos para combustible, viáticos, etcétera, a tal fin.
Es más, dentro del regimiento, según declaraciones de los propios suboficiales encargados de la custodia de los detenidos, en la época investigada existieron entre 100 y 120 personas en esa situación, a las cuales para alimentarlos en cautiverio ineludiblemente debió intervenir el jefe de Sección Finanzas (Intendencia)”.